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Tras quedar dentro de las empresas a privatizar, el Gobierno decretó la emergencia pública en materia ferroviaria

Las autoridades se comprometieron a asignar un presupuesto adicional que será destinado para el fortalecimiento del sistema de seguridad, operativo y mejorar la infraestructura

Luego de que el Gobierno anticipara la declaración de la emergencia pública en materia ferroviaria, la medida fue oficializada por medio de la publicación del Decreto 525/2024 en el Boletín Oficial. De esta manera, las autoridades determinaron que el presupuesto destinado al sistema ferroviario argentino sea utilizado para el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la administración de los servicios ofrecidos.

Como resultado de un acuerdo general entre el presidente Javier Milei y los ministros, se estableció que la medida tenga un plazo de duración de 24 meses, el cual entró en vigencia este 13 de junio de 2024. No obstante, confirmaron que el plazo podría extenderse por otros dos años, en caso de que fuera considerado necesario por parte del Poder Ejecutivo o la Secretaría de Transporte, organismo que fue denominado como autoridad de aplicación.

Previo a que se decretara la emergencia, desde el Gobierno habían adelantado a Infobae que el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, tenían en mente confeccionar el decreto que se publicó esta madrugada. Esto se debe a “la delicada situación” en la que se encuentra el servicio, según revelaron los informes realizados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

“Se ha registrado una ineficaz gestión y planificación de las contrataciones destinadas al mantenimiento del material rodante, lo cual ha conllevado, en la práctica, una sensible disminución de formaciones en servicio y por consiguiente una dismininución en las frecuencias”, apuntaron como el origen de la pérdida de calidad que perdió el sistema en los últimos años.

En este sentido, remarcaron que la “alteración en los planes de mantenimiento y/o inversiones, tiene implicancias directas en la prestación de los servicios ferroviarios”, tras señalar que la mayor cantidad de descarrilamientos se presentaron en el transporte ferroviario de cargas producto del mal estado de conservación de la infraestructura.

Según el Gobierno, otro de los motivos que habrían provocado la deficiencia en el funcionamiento de los trenes se trató de la deuda heredada que posee la empresa Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, la cual está encargada de administrar la operación de los recursos estatales. “No solo han puesto en serio riesgo la calidad del servicio, sino que avanza peligrosamente sobre las fuentes de trabajo y las condiciones laborales, hasta poner en riesgo la mínima rentabilidad que haga viable el sustento de la actividad misma”, denunciaron.

Por este motivo, plantearon como fundamental que los fondos públicos sean orientados “hacia el objetivo primordial de maximizar las inversiones y los recursos empleados para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad”. Incluso, argumentaron que el único camino a recuperar la eficiencia del servicio sería a través de reforzar la seguridad operativa.

Desde el Gobierno se comprometieron a asignar un presupuesto adicional de un billón doscientos noventa y tres mil setecientos ochenta millones de pesos ($1.293.780.000.000) que será utilizado para las tareas de fortalecimiento del sistema ferroviario nacional, mientras que trescientos cincuenta mil millones de pesos deberán imputarse en el presupuesto 2024. No obstante, la suma solo podrá ser utilizada para los proyectos que hayan sido aprobados.

De esta manera, las autoridades establecieron un plazo de quince días para que las empresas Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria presenten propuestas que consideren “indispensables y urgentes” para mejorar la seguridad operativa del servicio de transporte de cargas y pasajeros.

Por otro lado, se autorizó a la Secretaría de Transporte y a las empresas ferroviarias a dar de baja las contrataciones de tercerizados que no se adecuen al plan de acción que deberá trazar Mogetta y su equipo de trabajo. Además, se habilitará la opción de negociar deudas vencidas al 31 de diciembre de 2023 con empresas contratadas que hayan sido contratadas en la actualidad y en el pasado.

Al mismo tiempo, las entidades sindicadas tendrán la facultad de atraer inversiones, fomentar la participación de terceros y firmar los contratos necesarios para formalizar las colaboraciones en materia operativa y en la gestión de infraestructura. En este sentido, las autoridades buscarán que los fondos puedan ser administrados de una manera más ágil y eficiente.

Anteriormente, las fuentes oficiales aseguraron que en el rubro de los ferrocarriles “el desmanejo que encontramos es muy grande”, luego de que dieran a conocer que el año pasado se registró una pérdida de 4.300 millones de dólares. Por esta razón, señalaron que el complicado panorama financiero que atraviesa el servicio podría apuntalar la idea de que este debería de ser privatizado.

 

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